El asueto de la Semana Santa ha sido aprovechado por algunos depredadores para talar decenas de árboles en la región del cibao, citandose entre ellos el intensivo tráfico de madera detectado en las proximidades de Jacagua, en la cordillera septentrional; pero la situación toma ribetes aún más graves en casos como el Arroyo el Limón, en el Caimito de Moca, donde una finca de más de 50 tareas propiedad del sr. Wilfredo Bautista fue arrasada por este, cortando sin permiso cientos de árboles, entre ellas más de 60 Palmas Reales, decenas de especies como Amapolas, Samán, Guama, Javillas, Pendas y otras especies nativas y todo el soto bosque.

Al ser arrestado por Giovanny Tiburcio, de la Dirección Regional Forestal, el sr. García admitió los hechos y afirmó que la finca es propiedad del El y su hermano, el Senador por la Provincia Espaillat, Andrés Bautista.

Sometido por ante el procurador de Medio Ambiente de la jurisdicción de la vega, el imputado fue despachado tras la imposición de una irrisoria garantía económica.

Este caso como en tantos otros, resulta penoso que tanta los Procuradores actuantes como los jueces apoderados, resuelvan el tema con la imposición de garantías económicas que en la mayoría de los casos nisiquiera se aproximan al valor económico del daño producido, mucho menos al impacto ambiental que esto genera, en especial a orillas de ríos y arroyos.

No es posible que la lucha por la preservación de los recursos naturales continúe a la defensiva, ante las benevolencia más injustificada de los estamentos judiciales pertinentes, es por ello que pedimos sanciones administrativas más contundentes, así como la aplicación con mayor rigor de los mandatos de la Ley 64-00.

De lo contrario, el negocio de “primero cortar y luego, si me atrapan, resolver” seguirá siendo un atractivo y lucrativo crimen para los inescrupulosos depredadores.