La Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) se suma a las personalidades e instituciones que reclaman del gobierno mayor coherencia y responsabilidad frente a la situación de amenaza en que se encuentran las áreas protegidas de zonas neurálgicas del país, tales como los Parques Nacionales Jaragua y del Este.

Es de todos sabido las enormes presiones que subyacen para conseguir explotar masivamente los valiosos recursos naturales que allí se preservan, situación que se ha visto agravada a raíz de la publicación del Decreto 686-05, que crea una Comisión para elaborar un plan de Desarrollo Turístico de las zonas que supuestamente han sido “liberadas” del sistema nacional de Areas Protegidas.   

Consideramos que poner en manos de ciertas personas y entidades -incluso gubernamentales- la gestión para el Desarrollo de estos Parques Nacionales y muy en especial bajo el erróneo precepto de que allí existen terrenos fuera del amparo de la Ley, desdice mucho del que ha sido el discurso permanente del jefe del estado, cuando ha reiterado en innúmeras ocasiones su compromiso de cara al desarrollo sustentable y la defensa de nuestros recursos naturales.

Tenemos la certeza que el Presidente de la república fue asesorado de modo incorrecto y es por esta misma razón que debe rectificar y derogar cuanto antes el susodicho decreto, que abre y motiva intensamente los apetitos voraces de los traficantes de tierras, de inversionistas inconscientes y faltos de todo respeto por las normas ambientales.

Lo primero que debería tomar en cuenta el Ejecutivo es que los considerandos del decreto de marras no tienen ningún asidero legal, toda vez que en esos Parques no existen tales “zonas liberas” del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino mas bien las cambiadas de categoría de manejo, vistos en los  numerales 84 y 85 del Artículo 37 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas número 202-04, bajo las denominaciones de Áreas Nacionales de Recreo Guaraguao-Punta Catuano y Cabo Rojo-Bahía de Las Águilas.

Siendo así es evidente que estas zonas están aún sujetas a las disposiciones de las Leyes 64-00 y 202-04, que condicionan a sus disposiciones y reglamentos cualquier intervención en las mismas, en atención a los Planes de Manejo de dichas áreas y a la aprobación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estamos no sólo ante a un decreto cuya nulidad viene dada por ser contrario a la legislación vigente, sino también frente a un lamentable y equivocado mensaje que desinfla apresuradamente los planes de reordenamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, planes estos a los que tanto el gobierno através de la Secretaría de Medio Ambiente como un gran número de ambientalistas y ecologistas hemos dedicado miles de horas discusión y estudios, de cara a presentar un plan más coherente y científico que regule las condiciones de manejo de lo más valioso de nuestro patrimonio natural, de lo poco que nos queda.

Señor presidente, sin lugar a dudas algunos le están mintiendo, no ceda frente a las presiones y ofertas fantasiosas de quienes luego no tendrán ni la moral ni la intención de responder por las consecuencias devastadoras de la destrucción de nuestros hábitats. Rectifique, la patria se lo agradecerá.

Junta Directiva de SOECI