Bahía de las Águilas sería área de recreo
El Ejecutivo hace nuevas observaciones a proyecto
Por Panky Corcino / El Caribe
Sabado 17 de julio del 2004.

El presidente Hipólito Mejía solicitó, en sus nuevas observaciones a la Ley Sectorial de áreas Protegidas, dar la categoría de Área Nacional de Recreo, similar a Boca Chica, a las playas de Bahía de las Águilas, además de insistir en la desprotección a otras zonas de los parques Jaragua y del Este.
 
En una misiva remitida el 8 de julio al titular del Senado, Jesús Vásquez, Mejía solicita extraer 53.5 kilómetros cuadrados de playas, incluida Bahía de Las Águilas, para designarlas en lo adelante como Área Nacional de Recreo.
 
Según la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta categoría la mantienen en la actualidad Boca Chica y Cayo Levantado, balnearios de una amplia explotación turística y hotelera.

Además, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas asegura que con esa carta, un adendum a las observaciones que ya había hecho Mejía a la Ley sectorial de áreas protegidas, “el Parque del Este quedaría privado de una franja costera de 12.5 kilómetros de largo aproximadamente por un kilómetro de ancho, es decir, más de 12 millones y medio de metros cuadrados”. Así lo explica el antropólogo Adolfo López, de la entidad.

El Congreso Nacional aprobó la controversial Ley sectorial el jueves 19 de mayo y la remitió al Poder Ejecutivo al día siguiente. Antela oposición del cuerpo diplomático acreditado en el país, organizaciones internacionales, ecologistas, científicas y otros sectores nacionales en contra de la Ley, el presidente Mejía se abstuvo de promulgarla.

El 28 de mayo, el mandatario hizo una serie de observaciones a la ley en carta al presidente del Senado. El 8 de julio remitió un adendum en el que habla de la exclusión del Parque Jaragua de las playas de Cabo Rojo-Pedernales (18 km2) Bahía de Las Águilas (11.5 km2), Larga (14 km2) y Costinilla (10 km2).

Ivonne Arias, de la coalición y del Grupo Jaragua, asegura que el cambio de categoría de estas playas sólo tienen un fin económico.
 
Dice que la explotación que se quiere desarrollar en la zona sería contradictoria, ya que el país puede aprovecharla con un uso equilibrado, conservandóla como reserva de la biosfera. Explica que, de esta forma se podría obtener el apoyo de la UNESCO e integrar a las comunidades en los trabajos de manejo.

En cuanto al Parque del Este, la Coalición explica que el precio por metro cuadrado de los terrenos hoteleros de los polos turísticos de esa zona se cotiza en alrededor de 100 dólares. La reducción del parque del Este supondría beneficios para los interesados de cerca de 1,250 millones de dólares. 
 
La Coalición exhorta al presidente electo, Leonel Fernández, a mediar en el conflicto y a hacer valer sus convicciones conservacionistas reflejadas en su Programa de Gobierno.
 
Advierte que diferentes bufetes de abogados investigan las ventas de bienes públicos incluidos en las áreas protegidas que se desmembran en la Ley sectorial. “Se llevarán ante los tribunales a todos los implicados en delitos relacionados con la especulación ilegal de los terrenos”, asegura.

El ecologista Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias, advierte que la Coalición acudirá a todos los espacios jurídicos   para evitar el desmantelamiento de las áreas protegidas.
 
Valora el hecho de que, por primera vez, algunos sectores económicos coinciden con el sector ambiental en la lucha por la defensa de los recursos naturales del país.

Asimismo, exhorta al empresario José Armando Bermúdez y a los propietarios del Central Romana a contribuir con la consolidación del Sistema Nacional de  Área Protegidas, “negando su apoyo al desmantelamiento de la zona costera del Parque Nacional del Este”. 
 
De su lado, López explica que las “precisiones” enviadas por Mejía al Senado evidencian desconocimiento al establecer los límites del Parque del Este. “Utiliza los límites de algunas parcelas catastrales como referencia para delimitar sus linderos, algo imposible debido a que estas parcelas carecen de referencias cartográficas UTM”.
 
Errores del Poder Ejecutivo
 
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas señala varias imprecisiones en las últimas observaciones del presidente Hipólito Mejía a la Ley sectorial.
En ese sentido señala que la superficie del área Nacional de Recreo Guaraguao - Palmillas es superior a la que tiene en realidad, probablemente por haberle sumado a la parte terrestre la superficie de la parte marina por partida doble.
 
Además, utiliza los límites de algunas parcelas catastrales como referencia para delimitar los linderos del Parque, situación imposible de mantener debido a que estas parcelas carecen de referencias cartográficas UTM en el documento, señala Adolfo López.
 
Tambié sitúa unas coordenadas con respecto al pueblo de Cumayasa, cuando esa población se encuentra a unos 60 kilómetros del punto que define.

“La recalificación de la franja costera Sureste  del Parque del Este supone una puerta abierta a la edificación de hoteles dentro de los actuales límites del Parque, ya que no se especifica la densidad, altura y ubicación que deben tener las instalaciones turísticas”, asegura López.
 
El Rechazo a Una ley
 
Internacional
La Ley sectorial de Áreas Protegidas aprobada por el Congreso se ha convertido en una de las legislaciones más rechazadas de la historia dominicana.
 
La han cuestionado el PNUD, la Organización Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy y Conservation Internacional.

Diplomáticos
Delegaciones diplomáticas acreditadas en el país han rechazado la ley, entre ellas los embajadores de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Países Bajos y Gran Bretaña.

Nacional
La ley encontró el repudio de la Coalición Para la Defensa de las Áreas Protegidas integrada por la Academia de Ciencias, Asonahores y más de 30 organizaciones ecologistas.